El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha anunciado que, antes del mes de junio, el Gobierno presentará el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. El nuevo cambio pretende endurecer todos los artículos del Capítulo II, Título XXII, que regula los delitos de orden público. Entre las novedades está incluir la "resistencia pacífica" dentro de los "atentados a la autoridad". Esta práctica fue la utilizada por los "indignados" del movimiento 15-M que acamparon en las plazas y los manifestantes de la llamada "primavera valenciana".
El Gobierno también tiene la intención de considerar un agravante de la desobediencia a la autoridad el hecho de que ésta se produzca en una manifestación o concentración. En la actualidad, éste es un delito menor con una pena que no supera los seis meses de cárcel, aunque la intención del Ejecutivo de Rajoy es que pase a ser penada entre uno y tres años de prisión. Hasta la fecha, sólo en caso de que hubiera agresiones o de que el presunto delincuente fuera un cargo público las penas aumentarían.
Otra de las modificaciones previstas en el Código Penal será la de incluir la "prisión provisional" en caso de atentado a la autoridad. Los detenidos frente al instituto Lluís Vives de Valencia se podrían haber visto afectados gravemente por este cambio normativo.
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